Ya tenemos al Gobierno de España otra vez enfrentado consigo mismo. Otras veces nos parecen cosas de políticos que poco nos afectan a los ciudadanos de a pie, pero esta vez es a cuenta de un tema grave. La «Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual», aprobada en septiembre y conocida popularmente como la ley del «solo sí es sí», parece que tiene inicialmente unas consecuencias poco deseables, aunque no se puede decir que imprevisibles. Si ayer La Voz informaba de que a un violador condenado se le rebajaba la pena en dos años al aplicarle la nueva ley, hoy podrás leer que otro, que tenía cárcel hasta febrero, va a ser liberado ya. Varios casos como estos han provocado la polémica entre los defensores de la ley (Podemos, que la impulsó, y los independentistas) y quienes exigen que se reforme ya (los ministros socialistas, entre otros).

Los expertos consultados afirman que ya habían avisado de que habría reducciones de condenas como estas. «Son las prisas, es una reforma muy mal redactada, quisieron meter todo a la vez», señala el abogado coruñés Pablo Franco, para quien el problema proviene «de un error de técnica jurídica». No sabemos por qué todo esto nos recuerda esos problemas de redacción que señalaban hace dos días los responsables de la selectividad. ¿Sobre qué nos tendría que hacer reflexionar todo esto?

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