El Gobierno va a eliminar el delito de sedición, el que sirvió para meter en la cárcel a los catalanes que organizaron el referendo de independencia en el 2017, y en el debate parlamentario Esquerda Republicana de Catalunya (ERC) va a colar la propuesta de que también se rebajen las penas por malversación, aunque solo en el supuesto de que no haya habido enriquecimiento personal.

Vamos a dar tres datos. La malversación consiste un usar «los caudales públicos» —dice el Diccionario de la Real Academia Española— en algo para lo que no están destinados. Ahora a lo mejor no lo entendéis del todo bien, pero los caudales públicos es tu dinero, mi dinero y el dinero de todos los que pagamos impuestos. O sea, que que un servidor público (un político o un funcionario o lo que sea) haga con nuestro dinero lo que en un momento dado se le antoje debería sentarnos muy mal. Y, sin embargo, es algo que ocurre con más frecuencia de la que creemos.

Segundo dato: la propuesta de ERC propone una rebaja de las penas de inhabilitación para desempeñar cargos públicos —que consiste en que un condenado no puede presentarse como candidato en unas elecciones (generales, autonómicas o municipales, da igual) ni ser designado para ejercer ningún cargo político— con el objetivo de que los condenados por el referendo ilegal del 2017 se vean ya libres de la condena.

Tercer dato: este delito había sido modificado en el 2015 por el Partido Popular precisamente para castigar al expresidente de Cataluña Artur Mas por convocar también un referendo ilegal en el 2014.

Así que este es el tema de debate de esta semana. ¿Estáis de acuerdo en que se rebajen las penas del delito de malversación cuando la finalidad no sea el enriquecimiento personal?

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