Seguro que ya te enteraste que el PSOE presentó el lunes en el Congreso una ley para amnistiar a todos los que están condenados o reclamados por la Justicia con motivo del proceso independentista de Cataluña que desembocó el 1 de octubre (el 1-O) del 2017 en un referendo ilegal, una medida que se acordó en un pacto entre el partido socialista y los partidos independentistas catalanes para que estos apoyen la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Igual sabes que hay gente en contra que intentará que el Tribunal Constitucional invalide la ley o que incluso intervenga la Unión Europea.
No vamos a entrar a explicar la que hoy se debate, pero con esta referencia vamos a regresar al año 1977 para hablar de la última Ley de Amnistía aprobada en España, aunque entonces, frente a la división que está provocando la actual, el consenso fue casi total. Fue la noticia principal de La Voz el 15 de octubre de ese año: «Aprobada la amnistía (492 votos a favor, 2 en contra y 24 abstenciones)» —había errores en estos números: fueron 296, 2 y 18, respectivamente, aparte de un voto nulo—. La nueva amnistía, en cambio, se prevé que cuente con el apoyo de, como mucho, 179 de los 350 diputados, que es suficiente, porque es más de la mitad (mayoría absoluta), pero refleja una gran división de opiniones entre los partidos.
En 1977 comenzaba la crónica por la postura de Alianza Popular, el partido fundado por Manuel Fraga —ministro con Franco y futuro presidente de la Xunta de Galicia— que más adelante se refundó como Partido Popular. «Carro Martínez anunció que AP se abstendría». El partido «apoyaba y aplaudía la amnistía que se produce cuando cambia el régimen político», como las «promulgadas desde la coronación del Rey». Se refería a un decreto de 25 de noviembre de 1975, cinco días después de morir Franco, por el que se decretaba «indulto general con motivo de la proclamación de Su Majestad don Juan Carlos de Borbón como Rey de España», y que AP consideraba que era «el precio que hubo que pagar para que todos los partidos participaran en las elecciones», pero Fraga no entendía la que se votaba ese día, si ya no había delitos políticos.
Oportunidad de reconciliación
A continuación habló Marcelino Camacho, que fue líder del sindicato Comisiones Obreras, «en nombre del PCE», el Partido Comunista, que había sido legalizado seis meses antes. Defendió que esa ley era «el resultado de una política coherente que el PCE inició en el año 1956 en favor de la reconciliación nacional», para «reparar las injusticias de la dictadura y […] cerrar un pasado de guerras civiles». El PCE votó sí, aunque lamentaba que no abarcara también «los delitos de la mujer, como el adulterio».
También habló de reconciliación Donato Fuejo, diputado del Partido Socialista Popular, que veía en esa amnistía «el resultado de un compromiso» con los partidos que se oponían, aunque pensaba que serviría para «el afianzamiento definitivo de la democracia» y que era «sobre todo un acto de justicia».
Continuó el debate con el diputado vasco Txiqui Benegas, del PSOE. «Esta Cámara comienza a enterrar hoy, y a superar, cuarenta años de dictadura, de obscurantismo, de supresión de libertades y de división entre españoles», comenzó diciendo entre referencias a la situación del País Vasco, adonde había «vuelto la sangre» en forma de atentados de ETA.
Se hizo una excepción con el diputado Francisco Letamendía, de Euskadiko Ezkerra, al que se le permitió hablar brevemente, pese a que no le correspondía (pues su partido solo tenía un escaño) y que reivindicó que todas las fuerzas políticas fueran declaradas legales. Se abstuvo porque entendía que los partidos de izquierda no habían tenido «más remedio que aceptar […] una amnistía parcial», al igual que «el diputado Hipólito Gómez de las Roces, hablando únicamente en nombre de la candidatura aragonesa independiente».
Cerró el debate Rafael Arias Salgado como portavoz de UCD, el partido que gobernaba. Apoyaban la amnistía, a pesar de que creían que no resolvía ningún problema, porque «se trataba de superar las divisiones que habían enfrentado a los españoles en el pasado y de procurar la instalación de un Estado democrático».
Los militares excluidos
«A las 8.30 de la tarde, el presidente del Congreso, Fernando Álvarez Miranda» dio comienzo a la votación «por el procedimiento electrónico» con el resultado que ya sabemos. La Voz recogía unas declaraciones posteriores del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez: «Espero que sea un motivo de reconciliación nacional»; y las de quien lo sería años después, el socialista Felipe González, a quien «la sesión le pareció “enormemente positiva”», aunque recordó las reservas del PSOE y otros partidos «sobre la penalización a “personas de gran honorabilidad humana y militar, concretamente a los exoficiales de la UMD”».
Casi todos los portavoces se refirieron en el debate a la excepción hecha con estos militares, representados por el excapitán Fernando Reinlein entre los invitados en el Congreso. La Unión Militar Democrática fue una organización clandestina de militares profesionales constituida en 1974 que apoyó la reforma política en España. Siete oficiales fueron expulsados del Ejército y no fueron rehabilitados hasta 1986.
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