La Lomloe, o ley Celaá, va tomando forma en el ordenamiento legal, como con el decreto que regula la admisión de alumnos, que la Xunta ha colgado en el portal de transparencia y que se supone entrará en vigor en el curso 2022/23. Incorpora pocos cambios, y apenas significativos para el conjunto de los estudiantes; el documento pone el acento en la zona de residencia del estudiante, ya un factor primordial en la normativa actual. Estos son los principales cambios que contempla el decreto:

Zona de influencia

Para cumplir con la normativa diseñada por Isabel Celaá, la Consellería de Educación ha ampliado los puntos que se ofrecen por vivir o trabajar cerca del colegio de destino de los menores: de los 6 actuales pasa a los 8; y en el caso de ser colindante con la residencia, de los 3 a los 4. Lo mismo ocurre si en vez de vivir la familia trabaja en la zona: de 4 puntos se pasa a 6.

¿Por qué no es demasiado importante este cambio? Porque se valore en 6 o en 8 puntos, la zona ya es lo principal para tener opciones de matrícula. En los centros más demandados la única posibilidad de acceder era tener hijos en el centro y, si no, todos los puntos de zona y a veces el extra que cada centro educativo decide (los concertados, ser antiguo alumno habitualmente). Con 7 puntos (desde el curso 22/23 serán 9) es bastante probable tener plaza, máxime con la caída de la natalidad.

Hermanos

Con la nueva normativa, la presencia de hermanos no puede sumar más de 14 puntos (8 del primero y 2 por cada uno más) cuando antes no había un tope máximo de puntos. Por tanto, solo las familias con más de 5 hijos podrán verse afectadas (negativamente) por esta nueva regla.

Parto múltiple

Es una de las novedades del decreto, que se incorpora a la normativa gallega porque la Lomloe así lo exige. Sí puede marcar la diferencia porque solicitar plaza para unos mellizos supone 8 puntos, y 10 sin son trillizos. No hay muchos casos, pero tampoco es tan infrecuente esa situación, por lo que serán muchas las familias beneficiadas; en la práctica, si suma algún punto de zona les permitirá elegir casi el colegio que quieran.

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Los colegios deben reservar entre un 10 y un 15% de sus plazas nuevas a los estudiantes con necesidades educativas especiales (o necesidades de apoyo educativo). Hasta ahora se exigían 3 puestos en 4.º de infantil (3 años), 1.º de primaria y 1.º de ESO.

Víctimas de violencia de género o terrorismo

Ser víctima de violencia de género o de terrorismo dará 2 puntos, algo que no se había contemplado hasta ahora. Nuevamente es una medida obligada por la ley estatal que beneficiará a pocas personas y en conjunto no cambiará las dinámicas de matriculación.

No cambia

La normativa gallega es bastante equilibrada en otras cuestiones que recoge la ley, por lo que no debe variar más criterios. Estos no tienen ni carácter excluyente ni suponen en ningún caso el 30% del total de puntos (solo la zona puede serlo). En el supuesto que un alumno tuviese todos los puntos posibles, sumaría 48, y ningún criterio supera los 16 puntos que marca la ley como máximo (de ahí posiblemente la limitación por el número de hermanos).

Por tanto, no cambia ni los puntos por familiar trabajando en el centro (3 puntos), ni los de renta (hasta 3), tampoco los destinados a  las familias numerosas (2 o 3), las monoparentales (2) o por discapacidad (hasta 4). Hay un punto que se mantiene y su criterio es de libre designación por el centro: los públicos suelen valorar que la primera opción sea, precisamente, centro público, y los concertados muchas veces prefieren a hijos de antiguos alumnos.

Queda pendiente

Lo que el decreto no resuelve es cómo se distribuirán los alumnos que ingresen en la escuela a mediados de curso. A nivel estatal, la matriculación extraordinaria suele estar vinculada a la población inmigrante, que llega en cualquier momento al país. La Lomloe exige que las consejerías establezca un reparto equitativo de estos nuevos estudiantes, que requieren en muchos casos medidas de apoyo educativo —por ejemplo, con el idioma—, con el fin de que no se concentren en determinadas escuelas. Para eso, la ley contempla que las administraciones puedan ampliar en hasta un 10% las plazas de cualquier colegio público o concertado; Galicia es lo que tiene recogido en su normativa actual, porque en la ahora en tramitación no se indica, queda para desarrollar en una orden posterior.

El asunto es polémico a nivel estatal, porque se considera una injerencia de la Administración en la planificación de los centros concertados. En Galicia, que lleva años en vigor, no ha generado ninguna polémica.

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